El senador bonaerense del PRO, Guillermo Montenegro, presentó un proyecto para incorporar penas de arresto contra trapitos y limpiavidrios que actúen de manera ilegal en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa también apunta a desarticular las organizaciones que explotan estas actividades y prevé multas para clubes y organizadores de eventos que las promuevan o toleren.
El debate sobre la presencia de trapitos, cuidacoches y limpiavidrios volvió a instalarse en la provincia de Buenos Aires. El senador bonaerense Guillermo Montenegro presentó un proyecto de ley para modificar el Código de Faltas provincial e incorporar penas de arresto de hasta 90 días para quienes ejerzan estas actividades sin autorización.
La iniciativa busca sancionar a quienes ofrezcan el cuidado de vehículos, reserven lugares para estacionar o limpien parabrisas y cristales en la vía pública a cambio de dinero, incluso cuando el pago sea presentado como voluntario.
Según el proyecto, las penas irán de 5 a 15 días de arresto, aunque podrán duplicarse cuando existan intimidación, amenazas o situaciones de hostigamiento hacia los automovilistas.
Uno de los puntos más fuertes de la propuesta apunta a las estructuras que organizan estas actividades. En ese sentido, contempla penas de entre 45 y 90 días de arresto para quienes financien, coordinen, administren o exploten económicamente el trabajo de trapitos y cuidacoches.
Montenegro sostuvo que la problemática dejó de ser un fenómeno aislado y que, en muchos casos, existen grupos que controlan sectores completos del espacio público, especialmente en las inmediaciones de estadios, recitales, hospitales, centros comerciales y otros lugares de alta concurrencia.
El proyecto también incorpora sanciones para terceros que faciliten estas prácticas. En caso de comprobarse la participación de clubes o organizadores de eventos, la iniciativa prevé multas de entre el 5.000% y el 10.000% del haber mensual de un agente de la Policía Bonaerense. Asimismo, propone la intervención del Poder Ejecutivo cuando existan indicios de connivencia o protección por parte de funcionarios públicos.
La propuesta toma como antecedente las políticas implementadas en Mar del Plata, donde durante los últimos años se reforzaron los controles sobre trapitos y limpiavidrios mediante operativos municipales y un sistema de denuncias por WhatsApp para vecinos y turistas.
En la Legislatura bonaerense ya existieron iniciativas similares, aunque ninguna prosperó. Ahora, el proyecto vuelve a poner sobre la mesa un tema que genera fuerte debate en materia de seguridad, uso del espacio público y convivencia ciudadana, mientras que en la provincia de Santa Fe una propuesta de características similares ya avanza en el Senado tras obtener media sanción.
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