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El diputado bonaerense Carlos Puglelli cuestionó la reorganización impulsada por el Gobierno nacional y advirtió sobre el impacto que podría tener en localidades alejadas de las oficinas registrales. La Nación sostiene que la medida busca digitalizar, simplificar y hacer más eficiente el sistema. La reforma también redujo en 40% la cantidad de cánones, aunque esa cifra no representa necesariamente una baja equivalente en el costo de cada trámite.
Registro Automotor: Cierres y unificaciones
La reorganización del Registro Automotor impulsada por el Gobierno nacional abrió un nuevo capítulo de discusión en la provincia de Buenos Aires.
El diputado bonaerense de Fuerza Patria, Carlos Puglelli, presentó un planteo ante la Cámara de Diputados provincial para cuestionar el cierre, la supresión y la unificación de distintas oficinas registrales y puso el foco en una particularidad bonaerense: las grandes distancias que existen entre muchas localidades.
La discusión se origina en la Resolución 411/2026 del Ministerio de Justicia, publicada el 31 de agosto, que dispuso la unificación de Registros Seccionales, la supresión de 14 oficinas y el cierre operativo de otras 13 cuya eliminación había sido establecida anteriormente. La propia norma encuadra estas medidas dentro del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor.
El Gobierno plantea que la reforma apunta a simplificar la estructura, evitar superposiciones, concentrar funciones y utilizar de manera más eficiente los recursos disponibles. Puglelli, en cambio, advierte que la evaluación no debería limitarse a criterios administrativos y que también debe contemplarse cómo impactan los cambios sobre quienes necesitan realizar trámites de manera presencial.
El legislador bonaerense sostuvo que la reorganización puede generar mayores distancias, tiempo de traslado y costos indirectos para vecinos, empresas, comerciantes, trabajadores y productores que necesiten concurrir a una dependencia.
Su planteo parte de una característica concreta del territorio bonaerense: la extensión geográfica y la diversidad demográfica hacen que la distancia hasta una oficina pública pueda ser muy diferente según la localidad.
Puglelli también señaló que no todos los ciudadanos cuentan con las mismas posibilidades para resolver sus trámites de manera digital, ya sea por cuestiones de conectividad, conocimientos tecnológicos o condiciones materiales.
“Digitalizar no debe significar alejar al Estado de la ciudadanía”, sostuvo el diputado, al plantear que la modernización del sistema debería contemplar las particularidades de cada territorio.
El reclamo fue difundido el 26 de septiembre y alcanza a oficinas de distintas localidades bonaerenses. Entre las dependencias mencionadas aparecen dos Registros de Mar del Plata, además de oficinas de La Matanza, Olivos, Ituzaingó y Motovehículos de Morón. También se incluyen registros cuya supresión había sido dispuesta previamente, entre ellos los de Olavarría, Necochea, Lanús, Esteban Echeverría y Bahía Blanca.
La Resolución 411/2026 forma parte de una reorganización más amplia.
El Ministerio de Justicia explicó que detectó casos en los que un mismo funcionario tenía a su cargo más de un Registro Seccional, aunque las oficinas conservaran denominaciones diferentes.
Por ese motivo, la resolución estableció unificaciones y señaló que el objetivo es adecuar la estructura formal a la forma en que ya funcionaban esas dependencias.
La norma establece que la reorganización permitirá reducir 368 Registros Seccionales mediante unificaciones, además de disponer la supresión de 14 registros intervenidos y avanzar con el cierre operativo de otras 13 oficinas cuya eliminación había sido definida por resoluciones anteriores.
El Gobierno sostiene que estas modificaciones buscan avanzar hacia un sistema con mayor digitalización, simplificación administrativa y concentración de funciones, y afirma que la reorganización procura mantener el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios.
Ese es precisamente uno de los puntos en discusión: si la mayor digitalización alcanza para compensar la reducción de oficinas físicas en territorios extensos.
La reorganización de las oficinas fue acompañada por una modificación del sistema arancelario.
La Resolución 412/2026 reemplazó los anexos del régimen anterior y estableció un nuevo esquema basado en el Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA), creado previamente mediante la Resolución 308/2026.
La nueva estructura reduce en 40% la cantidad total de cánones vigentes y agrupa los aranceles en categorías: los Anexos I, II y III pasan a organizarse en ocho categorías, mientras que los Anexos IV y V quedan estructurados en seis y cuatro categorías, respectivamente.
Pero hay una precisión importante: reducir la cantidad de aranceles no equivale necesariamente a reducir 40% el precio de cada trámite.
La modificación apunta principalmente a simplificar y reorganizar la estructura de cobro, agrupando conceptos que antes estaban distribuidos en diferentes categorías.
Además, la Resolución 308/2026 estableció que el MRPA tiene inicialmente un valor equivalente a 0,5 UVA y que su actualización será cuatrimestral de acuerdo con el valor de la Unidad de Valor Adquisitivo informado por el Banco Central.
Las distintas resoluciones forman parte de una misma transformación del sistema registral.
La Resolución 306/2026, citada expresamente por la Resolución 411, creó el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, que funciona como marco para la reorganización progresiva de la red de registros.
En ese esquema aparecen tres modificaciones centrales:
Digitalización: avanzar hacia una mayor utilización de herramientas y trámites digitales.
Reorganización: unificar oficinas y concentrar competencias cuando existen superposiciones.
Nuevo esquema arancelario: simplificar la estructura de cobros mediante el MRPA y nuevas categorías.
El Gobierno presenta estos cambios como una forma de reducir estructuras y hacer más eficiente el sistema. Desde la oposición bonaerense, en cambio, se plantea que la eficiencia administrativa debe analizarse junto con el costo territorial que puede generar la reducción de oficinas.
El planteo de Puglelli instala una discusión que excede el funcionamiento interno de los Registros Automotores: cómo combinar digitalización con acceso efectivo a los servicios públicos.
Para el Gobierno nacional, la reorganización responde a la necesidad de adecuar una estructura que considera sobredimensionada y avanzar hacia un sistema más digital y simple. Para Puglelli, el análisis debería incorporar también las condiciones geográficas, la conectividad y los costos que recaen sobre quienes necesitan realizar trámites.
La Resolución 411 ya está vigente desde su publicación en el Boletín Oficial y estableció plazos para concretar los cierres operativos previstos.
Así, el cambio en los Registros del Automotor de la provincia de Buenos Aires tendrá una consecuencia que recién podrá medirse con mayor claridad cuando la nueva distribución de oficinas y competencias quede plenamente operativa: cuánto se gana en simplificación administrativa y cuánto cambia, en la práctica, el recorrido que debe hacer un ciudadano para resolver un trámite.
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