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La iniciativa impulsada por Leandro Santoro y Fuerza por Buenos Aires busca actualizar la regulación vigente y controlar a agencias, estudios jurídicos, bancos y sistemas automatizados que utilizan inteligencia artificial para reclamar deudas. El proyecto propone registros, licencias y mayor trazabilidad sobre los mecanismos de contacto con los deudores.
Quieren ponerle límites al hostigamiento por deudas
La creciente morosidad y el endeudamiento familiar volvieron a poner bajo la lupa una actividad que muchas veces se desarrolla lejos de los tribunales: la cobranza extrajudicial. En ese contexto, el espacio Fuerza por Buenos Aires, liderado por Leandro Santoro, presentó un proyecto en la Legislatura porteña para modificar las reglas que alcanzan a quienes reclaman el pago de deudas.
La propuesta parte de una situación concreta: personas que, ante la falta de ingresos suficientes para llegar a fin de mes, acumulan préstamos y obligaciones que luego se vuelven difíciles o directamente imposibles de afrontar.
El proyecto fue presentado con el número de expediente 2788 y busca reformar la normativa vigente para incorporar herramientas de control que, según sus impulsores, permitan evitar situaciones de hostigamiento, falta de transparencia y prácticas abusivas.
Así lo explicó Rodrigo Cilenti, director de la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios, en diálogo con Agencia Noticias Argentinas, donde detalló los principales puntos de la iniciativa.
Cilenti explicó a Noticias Argentinas que el proyecto surgió después de advertir, a partir del contacto con personas endeudadas, que muchos usuarios recibían llamados y mensajes que describían como situaciones de hostigamiento.
La Ciudad ya cuenta con la Ley 6.171, sancionada en 2019, que establece reglas para las agencias de cobranza extrajudicial. Sin embargo, para los autores del nuevo proyecto, aquella regulación quedó desactualizada frente a los cambios que atravesaron el sistema financiero y las formas de comunicación.
“La pandemia de Covid, el crecimiento exponencial de otras formas de comunicación u otras formas de financiarse como las billeteras virtuales” modificaron el escenario, señaló Cilenti en la entrevista con Noticias Argentinas.
La iniciativa pretende entonces actualizar ese marco y ampliar el universo de actores alcanzados.
Uno de los puntos centrales del proyecto es que ya no se mira únicamente a las tradicionales agencias de cobranza.
Según explicó Cilenti a Noticias Argentinas, se identificaron cuatro actores que actualmente intervienen en los procesos de recuperación de deudas:
La propuesta busca que todos queden comprendidos dentro de un esquema de regulación.
Entre las principales herramientas planteadas aparecen la creación de un registro de empresas dedicadas a la cobranza y un sistema de licencias para habilitar su funcionamiento.
La lógica es sencilla: que exista una identificación clara de quién está reclamando una deuda y bajo qué autorización.
También se propone establecer la trazabilidad de los medios de comunicación utilizados para contactar a los deudores.
De acuerdo con Cilenti, el acreedor original —por ejemplo, un banco o una empresa— debería declarar a quién deriva la gestión de cobro y qué mecanismo utilizará esa persona o empresa para comunicarse con el usuario.
El objetivo, aclaró el legislador, no es prohibir el cobro de las deudas, sino establecer reglas que permitan proteger a quienes se encuentran endeudados.
“Lo que buscamos es otorgar un marco para resguardar la dignidad de las personas”, sostuvo Cilenti en declaraciones a Noticias Argentinas.
Uno de los problemas detectados está relacionado con las formas de contacto.
La normativa vigente establece límites respecto de los días, horarios y personas que pueden ser contactadas para reclamar una deuda. Sin embargo, según relató Cilenti a Noticias Argentinas, en la práctica se producen contactos durante fines de semana, incluso en horarios de madrugada.
Otro punto señalado es el contacto con familiares o personas del entorno del deudor, una práctica que la legislación actual prohíbe.
La propuesta apunta a reforzar esos límites y generar mecanismos que permitan identificar rápidamente quién está detrás de cada gestión de cobro.
El proyecto también pone el foco en la transparencia sobre el monto reclamado.
Cilenti relató a Noticias Argentinas que durante una audiencia pública se presentaron testimonios de personas que habían tomado préstamos relativamente pequeños y, después de permanecer impagos, recibieron reclamos por montos varias veces superiores al capital original.
Por eso, la iniciativa plantea exigir documentación que permita justificar cómo evolucionó la deuda, incluyendo capital, intereses, gastos y honorarios.
También cuestiona determinadas propuestas de refinanciación que, según los testimonios recogidos durante la audiencia, terminan estableciendo cuotas que exceden ampliamente la capacidad económica del deudor.
“Muchas de las personas (...) tenían intenciones de pagar”, explicó Cilenti, pero aseguraban que los acuerdos ofrecidos resultaban imposibles de cumplir.
Uno de los aspectos más novedosos del proyecto es la incorporación de herramientas destinadas a controlar el uso de inteligencia artificial y bots en las cobranzas.
El problema, según explicó Cilenti a Noticias Argentinas, aparece cuando sistemas automatizados comienzan a enviar mensajes reiterados no solamente al deudor sino también a integrantes de su entorno.
Durante la audiencia pública, el legislador relató un caso especialmente grave presentado por una familiar de una joven endeudada. Según el testimonio expuesto en esa instancia, una agencia envió un audio a la madre de la joven informándole sobre la deuda de su hija.
El episodio terminó en una tragedia.
Por tratarse de un testimonio referido durante una audiencia pública y reproducido por el entrevistado, corresponde atribuirlo expresamente a esa fuente y no presentarlo como un hecho independiente verificado por este medio.
Cilenti también cuestionó el uso de información obtenida a través de aplicaciones financieras y puso como ejemplo las condiciones de determinados servicios digitales.
En la entrevista con Noticias Argentinas, sostuvo que algunas plataformas contemplan el uso de los contactos almacenados en el teléfono cuando una persona no puede afrontar una deuda.
A partir de allí, planteó un debate más amplio sobre el uso de datos personales, algoritmos e inteligencia artificial en los servicios financieros.
Según su interpretación, los Estados deberían establecer límites para evitar que los algoritmos sean considerados mecanismos neutrales cuando, en realidad, pueden estar diseñados para maximizar determinados objetivos comerciales.
Este punto, reconoció el propio Cilenti, excede el alcance específico del proyecto sobre cobranzas extrajudiciales, aunque forma parte de la discusión que sus impulsores consideran necesaria.
La iniciativa tuvo, según Cilenti, una recepción favorable en distintos sectores de la Legislatura porteña.
El legislador señaló a Noticias Argentinas que el proyecto recibió acompañamiento del radicalismo y que representantes de distintos espacios participaron de la audiencia pública, entre ellos Silvia Lospennato, además de sectores de izquierda y del espacio vinculado a Horacio Rodríguez Larreta.
Según su relato, La Libertad Avanza fue el único bloque que no participó de la audiencia, aunque Cilenti indicó que el resto manifestó interés en discutir la propuesta.
También mencionó a Matías López y Sergio Siciliano, integrantes de la Comisión de Defensa del Consumidor, como dirigentes que expresaron voluntad de trabajar sobre el proyecto.
El expediente 2788 fue presentado y ahora el objetivo es avanzar con su tratamiento en la Comisión de Defensa del Consumidor.
Cilenti explicó a Noticias Argentinas que se encontraban conversando con otros bloques para evaluar una posible comisión conjunta y alcanzar acuerdos sobre el texto definitivo.
La intención es conseguir un dictamen que permita llevar la iniciativa al recinto.
El debate, en definitiva, plantea una cuestión que va más allá de cómo reclamar una deuda: cómo garantizar que una persona endeudada pueda ser contactada para regularizar su situación sin quedar expuesta al hostigamiento, la presión sobre familiares o el uso abusivo de sus datos personales.
Para sus impulsores, regular las cobranzas no resolverá el problema de fondo —el creciente endeudamiento de los hogares—, pero puede establecer un límite claro sobre cómo se reclama una deuda y dotar al Estado de mayores herramientas de control y sanción.
Fuente de las declaraciones: entrevista realizada por Agencia Noticias Argentinas a Rodrigo Cilenti, director de la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios.
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