Tras el caso Trinidad, diputados de Provincias Unidas presentaron un proyecto para crear un Régimen Integral de Tenencia Responsable a nivel nacional. La iniciativa contempla un registro de animales, identificación mediante microchip, controles para los propietarios y sanciones penales ante situaciones de negligencia.
El caso de Trinidad, la adolescente de 15 años que murió tras ser atacada por un perro dogo en Córdoba, llegó al Congreso. Diputados nacionales de Provincias Unidas presentaron un proyecto que busca establecer nuevas reglas para la tenencia de perros potencialmente peligrosos en todo el país.
La iniciativa propone crear un Régimen Integral de Tenencia Responsable que combine medidas de prevención, identificación y control con nuevas responsabilidades para los propietarios.
El proyecto fue presentado por la diputada Alejandra Torres y lleva también las firmas de Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti y Carolina Basualdo.
Entre las principales novedades aparecen tres requisitos centrales: una licencia obligatoria para los propietarios, un seguro de responsabilidad civil y un régimen de sanciones que podría contemplar hasta ocho años de prisión cuando la negligencia provoque lesiones graves o la muerte de una persona.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación del Registro Nacional de Perros Potencialmente Peligrosos (RENAPPP).
El proyecto establece que los animales alcanzados por la normativa deberán ser inscriptos obligatoriamente y contar con un microchip subcutáneo antes de cumplir los cuatro meses de edad.
La identificación busca permitir una trazabilidad del animal y establecer claramente quién es su propietario y responsable.
Pero el registro no sería suficiente. Los dueños también deberían cumplir una serie de requisitos para poder mantener legalmente al animal.
El proyecto propone que quienes tengan perros potencialmente peligrosos deban tramitar una Licencia Administrativa Local.
Para obtenerla, deberán acreditar:
La póliza deberá cubrir daños materiales y corporales que el animal pueda ocasionar a terceros.
La propuesta apunta así a que la responsabilidad no recaiga únicamente sobre el comportamiento del animal, sino también sobre las condiciones en las que es cuidado y manejado por su propietario.
El proyecto también incorpora modificaciones al Código Penal de la Nación.
La iniciativa propone crear las figuras de Homicidio Culposo Agravado y Lesiones Culposas Agravadas para aquellos casos en los que una conducta negligente en la guarda del animal termine provocando lesiones graves o la muerte de una persona.
Las penas podrían llegar hasta los ocho años de prisión.
Entre las situaciones mencionadas como ejemplos de negligencia aparecen aquellas en las que el propietario circula con el animal sin los elementos de seguridad correspondientes, como bozal o pretal.
Otro de los cambios propuestos apunta a intervenir antes de que ocurra un ataque.
La iniciativa incorpora la figura de peligro abstracto, que permitiría sancionar penalmente a quienes dejen sueltos en la vía pública a perros potencialmente peligrosos, incluso cuando esa conducta no haya provocado todavía un daño concreto.
El proyecto también establece multas vinculadas al precio del combustible, con el objetivo de evitar que las sanciones económicas pierdan valor con el paso del tiempo.
La diputada Alejandra Torres, autora del proyecto, aclaró que la iniciativa no busca establecer restricciones contra los animales, sino aumentar las obligaciones y responsabilidades de sus propietarios.
“Buscamos crear un marco legal de sanciones penales, administrativas y de responsabilidad civil. Nuestro objetivo es la prevención y la protección de los vecinos”, sostuvo.
La legisladora señaló además que el proyecto busca llevar al ámbito nacional una problemática que quedó expuesta con especial gravedad a partir del caso Trinidad.
La intención es que quienes decidan tener este tipo de animales lo hagan con conocimiento de las responsabilidades que implica su cuidado y de las consecuencias que puede generar una tenencia negligente.
La propuesta abre ahora el debate legislativo sobre un régimen que, de avanzar, establecería nuevas obligaciones para los propietarios de perros potencialmente peligrosos en todo el país, desde la identificación del animal y la licencia hasta el seguro obligatorio y las eventuales responsabilidades penales.
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