La Justicia de Chaco condenó al Estado provincial y a dos empresas por los efectos de las fumigaciones sobre comunidades rurales e indígenas. La sentencia llega mientras otro histórico proceso por aplicaciones de agroquímicos en Pergamino espera una definición clave.
La Justicia chaqueña dictó una sentencia que podría marcar un antes y un después en el debate sobre el uso de agroquímicos en Argentina. La Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa condenó al Estado provincial y a las firmas MARFRA SA y Unitec Bio SA, pertenecientes al grupo empresario liderado por Eduardo Eurnekian, por los impactos ambientales y sanitarios derivados de las fumigaciones realizadas en campos del establecimiento Don Panos, entre Pampa del Indio y Presidencia Roca.
Las juezas Natalia Prato Stoffel y Silvia Geraldine Varas concluyeron que la provincia incumplió sus obligaciones de protección ambiental y dejó sin resguardo adecuado a familias campesinas y comunidades indígenas Qom que habitan en las cercanías de los predios productivos.
El expediente reunió años de denuncias vecinales, reclamos administrativos e investigaciones científicas que alertaban sobre el avance de las fumigaciones sobre zonas habitadas.
Uno de los episodios más graves ocurrió en octubre de 2021, cuando pulverizaciones aéreas afectaron huertas familiares y escolares, dañaron vegetación nativa y provocaron un cuadro de intoxicación que derivó en la internación de dos menores.
Entre las evidencias valoradas por el tribunal sobresalen estudios realizados por el CONICET y la Universidad de Buenos Aires (UBA), que detectaron presencia de glifosato en pozos domiciliarios, aljibes, lagunas y cursos de agua de la región.
Además, los análisis determinaron que el 90% de las muestras de agua no cumplían con los requisitos establecidos para el consumo humano, mientras que estudios biomédicos hallaron residuos de plaguicidas en sangre y orina de pobladores de la zona.
El fallo dedica gran parte de sus fundamentos a cuestionar el sistema de control implementado por la provincia.
Las magistradas sostuvieron que la denominada "línea agronómica", utilizada para establecer las distancias permitidas para las aplicaciones de agroquímicos, dejaba fuera de protección a viviendas rurales y reservorios de agua utilizados por las comunidades afectadas.
También remarcaron que el Estado provincial nunca puso en funcionamiento el Registro Epidemiológico previsto por la Ley de Biocidas, una herramienta clave para monitorear los posibles efectos sanitarios derivados de la exposición a estas sustancias.
La resolución chaqueña se conoce en un momento especialmente sensible para el debate sobre los agroquímicos en Argentina. Mientras este fallo ordena cambios urgentes en los controles y resguardos ambientales, en la ciudad bonaerense de Pergamino transita sus instancias finales uno de los juicios más relevantes del país vinculados a presuntas fumigaciones ilegales.
En ese expediente, que involucra a productores agropecuarios, aplicadores, un ingeniero agrónomo y funcionarios públicos, la fiscalía solicitó penas de prisión, inhabilitaciones y hasta el decomiso de campos y maquinaria utilizada para las aplicaciones investigadas. El Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario quedó próximo a dictar una sentencia que podría convertirse en otro antecedente de alcance nacional en materia ambiental.
La sentencia impone medidas de cumplimiento inmediato.
En un plazo de 48 horas, el Gobierno de Leandro Zdero deberá redefinir las zonas de exclusión para fumigaciones, incorporando obligatoriamente viviendas, pozos de agua, aljibes y otros reservorios utilizados por las comunidades rurales.
Además, una vez fijados los nuevos límites, MARFRA SA y Unitec Bio SA no podrán realizar aplicaciones fitosanitarias dentro de esas áreas protegidas.
La Justicia también ordenó la creación inmediata del Registro Epidemiológico y exigió informes periódicos sobre su implementación.
Por el alcance de sus disposiciones y por las críticas al sistema de control vigente, la resolución ya es considerada por especialistas como uno de los fallos ambientales más relevantes de los últimos años y un posible precedente para futuras causas vinculadas a fumigaciones y agroquímicos en Argentina.
La coincidencia temporal entre el fallo de Chaco y la inminente definición judicial del caso Pergamino expone la creciente relevancia que los tribunales argentinos están otorgando a los conflictos vinculados al uso de agroquímicos, la protección ambiental y la salud pública.
Ambos expedientes presentan características diferentes, pero comparten un elemento central: el cuestionamiento a los controles estatales y a las prácticas de aplicación de productos fitosanitarios cerca de poblaciones y fuentes de agua. Por su impacto y alcance, las decisiones que adopte la Justicia podrían influir en futuras regulaciones, controles y litigios ambientales en distintas regiones del país.
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