La Agencia Nacional de Seguridad Vial detectó decenas de cinemómetros sin autorización en rutas de todo el país. El operativo reavivó el fuerte malestar de los conductores por los controles que, aseguran, tienen un fin más económico que preventivo.
La polémica por las fotomultas en rutas nacionales volvió a encenderse tras un relevamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que confirmó la existencia de más de 150 radares no autorizados funcionando en distintos puntos del país.
El organismo fiscalizó más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales durante 2026 y detectó irregularidades en numerosos controles de velocidad, muchos de ellos instalados sin habilitación oficial. La medida busca ordenar un sistema históricamente cuestionado por automovilistas, quienes denuncian desde hace años un uso “recaudatorio” de los radares más que una verdadera política de prevención vial.
Según detalló la ANSV, al inicio del operativo existían 526 cinemómetros habilitados para operar sobre rutas nacionales: 363 fijos y 163 móviles. Sin embargo, durante las inspecciones surgieron múltiples inconsistencias.
De los radares fijos autorizados, 124 no estaban en los lugares donde debían funcionar, mientras que otros directamente operaban sin contar con autorización nacional para emitir infracciones.
En total, la Agencia detectó 152 radares fijos ilegales, por lo que ordenó el cese inmediato de su utilización y exigió el retiro de los dispositivos instalados de manera irregular.
La decisión impacta de lleno en uno de los reclamos más repetidos por los conductores argentinos: las multas sorpresivas en rutas donde muchas veces los controles aparecen sin señalización clara o en sectores cuestionados por su finalidad.
Desde el organismo remarcaron que el objetivo es garantizar que los controles estén correctamente homologados, calibrados y señalizados, y que funcionen exclusivamente para prevenir siniestros viales y no como herramientas de recaudación.
Además, recordaron que ningún radar puede operar legalmente en rutas nacionales sin autorización previa de la ANSV, tal como lo establece la Ley Nacional 26.363 y su decreto reglamentario.
Otro punto clave es que una fotomulta válida debe contener información precisa sobre el radar utilizado, datos exactos de la infracción, imágenes claras de la patente y detalles del juzgado interviniente. También debe existir señalización previa y la notificación tiene que llegar dentro de los plazos legales correspondientes.
El avance de esta fiscalización nacional vuelve a poner bajo la lupa un sistema que durante años generó fuertes críticas y sospechas en miles de automovilistas que circulan por las rutas argentinas.
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