Lali Espósito, Dillom, Fito Páez y otras figuras participaron de las movilizaciones contra el proyecto, mientras la Cámara Alta analiza una versión modificada de la iniciativa que impulsa cambios en desalojos, expropiaciones, manejo del fuego y regularización de escrituras.
La Ley de Propiedad Privada, uno de los proyectos más controvertidos impulsados por el Gobierno nacional, comenzó a debatirse este jueves en el Senado en medio de una fuerte jornada de protestas frente al Congreso y en distintas ciudades del país, con la participación de artistas, organizaciones sociales y referentes de la cultura.
Aunque el oficialismo decidió retirar del proyecto el capítulo vinculado a la extranjerización de tierras, las movilizaciones se mantuvieron. Durante la tarde se registraron incidentes cuando fuerzas federales utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a algunos manifestantes en las inmediaciones del Congreso.
Entre las personalidades que participaron de la protesta estuvieron Lali Espósito, quien asistió junto al músico Dillom de manera pacífica, además de otros referentes culturales que ya habían manifestado públicamente su rechazo al proyecto.
Antes de la movilización, Lali había convocado a participar a través de un video en redes sociales para "defender la tierra, el agua y los recursos estratégicos". Por su parte, Dillom había desplegado días atrás una bandera con la consigna "La patria no se vende", mientras que Catriel también expresó críticas al proyecto mediante publicaciones en redes.
La actriz Valentina Bassi compartió imágenes desde la movilización junto a su hijo con un mensaje dirigido a los legisladores: "Senadores, los estamos mirando". También participaron Laura Azcurra, quien difundió imágenes desde las inmediaciones del Congreso, y Fito Páez, que desde Bariloche publicó un video apoyando las manifestaciones bajo el mismo lema.
El proyecto que debate el Senado sufrió modificaciones respecto de la versión original y concentra ahora sus principales cambios en cuatro ejes:
Uno de los puntos centrales del proyecto establece un procedimiento abreviado para recuperar inmuebles ocupados ilegalmente.
El propietario podrá solicitar el desalojo inmediato acreditando documentalmente la titularidad del inmueble. Si el juez considera verosímil el derecho invocado, podrá ordenar la restitución del bien luego de intimar al ocupante a devolverlo en un plazo de 72 horas.
Para los inquilinos con deudas, el procedimiento será diferente. El propietario deberá enviar previamente una carta documento otorgando al menos 10 días corridos para regularizar el pago. Solo ante el incumplimiento podrá iniciar el juicio de desalojo, cuya ejecución se prevé dentro de los 10 días hábiles posteriores.
Además, el proyecto impide que los propietarios rechacen la devolución de las llaves, aunque podrán dejar constancia de deudas pendientes para reclamarlas posteriormente.
En los casos donde existan menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección correspondientes para garantizar una solución habitacional transitoria antes de concretar el desalojo.
La iniciativa también establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y con fundamentos específicos.
Además, fija un tope del 30% para la indemnización por lucro cesante, determina un nuevo criterio para calcular intereses y habilita la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación cuando existan diferencias sobre el valor de los bienes.
En materia ambiental, el proyecto modifica la Ley de Manejo del Fuego, eliminando la prohibición que impedía durante 30 años cambiar el uso de predios rurales incendiados. En el caso de bosques nativos, se mantiene la prohibición de modificar el destino de las tierras, aunque desaparece el límite temporal de 60 años vigente hasta ahora.
La sesión comenzó con una fuerte discusión por la posibilidad de permitir el voto remoto de legisladores. La propuesta fue rechazada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, lo que impidió la participación a distancia de Anabel Fernández Sagasti, cursando el octavo mes de embarazo, y del radical Flavio Fama, quien se recupera de una operación de rodilla.
También hubo cruces entre oficialismo y oposición por una impugnación contra el senador Joaquín Benegas Lynch y por críticas del jefe del bloque peronista, José Mayans, al presidente Javier Milei durante el desarrollo de la sesión.
Con ese escenario de alta tensión política y movilizaciones en las calles, el Senado continúa el tratamiento de uno de los proyectos con mayor impacto sobre el régimen de propiedad privada en Argentina.
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