Kicillof acelera la regulación de las apps de delivery y suma el respaldo del moyanismo

El gobierno de Axel Kicillof comenzó a darle forma definitiva a una ley que busca regular el trabajo de los repartidores de aplicaciones de delivery en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Trabajo bonaerense, cuenta además con el respaldo del sindicalismo ligado a Hugo Moyano y suma presión sobre empresas del sector como Rappi y PedidosYa.

El ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, aseguró que es “imperioso” avanzar con una normativa que garantice derechos laborales para quienes trabajan mediante plataformas digitales. Lo hizo durante un debate sobre trabajo en apps, donde también participó el diputado nacional Hugo Moyano, quien presentó un proyecto similar en el Congreso.

Qué propone la ley de Kicillof para los deliverys

Aunque el proyecto todavía no ingresó formalmente a la Legislatura bonaerense, Correa adelantó que la futura ley estará basada en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y buscará establecer un “piso de derechos” para miles de repartidores.

La propuesta contempla cuatro ejes principales:

• Seguro obligatorio contra accidentes, especialmente para siniestros viales.
• Una app de asistencia con botón de pánico, alertas médicas y beneficios para trabajadores.
• Inspecciones sobre los llamados “markets” o tiendas invisibles de las plataformas.
• Creación de paradores gratuitos con agua potable, sanitarios y espacios de descanso para repartidores.

Uno de los puntos más sensibles apunta directamente a los centros logísticos cerrados que utilizan las apps de delivery para almacenar productos y coordinar entregas rápidas. Allí, el Ministerio de Trabajo pretende reforzar los controles laborales y de seguridad.

Un fallo judicial que cambia el escenario

Mientras el oficialismo bonaerense prepara la ley, el peronismo celebró recientemente un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que reconoció a repartidores de aplicaciones como trabajadores en relación de dependencia.

El máximo tribunal bonaerense rechazó recursos presentados por Rappi Argentina y Repartos Ya S.A., y validó multas aplicadas por el Ministerio de Trabajo tras detectar irregularidades laborales, falta de registración y problemas vinculados a salarios y seguridad social.

La resolución judicial fortaleció la postura del gobierno provincial y dejó abierta la puerta para que las plataformas digitales deban modificar su esquema laboral en Argentina.

En paralelo, desde el oficialismo sostienen que el avance de la regulación busca terminar con lo que consideran una “pseudo modernización laboral” que dejó a miles de trabajadores sin cobertura ni derechos básicos.