Impulsan una ley para legalizar la muerte asistida y abrir el debate sobre el final de la vida

Un nuevo proyecto ingresó al Congreso y promete abrir uno de los debates más sensibles de los últimos años. El diputado nacional Esteban Paulón, del espacio Unidos, presentó una iniciativa para legalizar la muerte asistida en Argentina, estableciendo un marco legal para que determinadas personas puedan solicitar ayuda médica para poner fin a su vida bajo condiciones específicas y estrictamente reguladas.

La propuesta reconoce el derecho de los pacientes a decidir sobre el final de su vida cuando padezcan una enfermedad grave e incurable o una condición crónica que les genere un sufrimiento considerado intolerable. Según el texto, la decisión deberá ser libre, voluntaria, informada y estar exenta de cualquier tipo de presión externa.

El proyecto contempla dos modalidades. Por un lado, la eutanasia, donde un profesional de la salud administra una sustancia letal a pedido del paciente. Por otro, la muerte asistida, mecanismo mediante el cual la persona se autoadministra el medicamento prescripto por un médico.

Para acceder al procedimiento, la iniciativa establece múltiples instancias de control. El paciente deberá realizar al menos dos solicitudes en momentos diferentes, contar con consentimiento informado y someterse a evaluaciones médicas e interdisciplinarias que certifiquen su capacidad de decisión. Además, un médico independiente y una comisión evaluadora deberán emitir un dictamen favorable antes de autorizar el proceso.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que incorpora la muerte asistida como una prestación sanitaria obligatoria, garantizando cobertura en hospitales públicos, obras sociales y empresas de medicina prepaga.

La iniciativa también contempla la objeción de conciencia individual para los profesionales de la salud. Sin embargo, impide que hospitales, clínicas o instituciones médicas invoquen ese derecho para negar el acceso al procedimiento.

En los fundamentos, Paulón sostuvo que la propuesta busca garantizar una "muerte digna", respetando la autonomía personal y las decisiones individuales sobre el final de la vida. Además, argumentó que la ausencia de una regulación específica genera desigualdades entre quienes pueden acceder a alternativas en el exterior y quienes no cuentan con esa posibilidad.

El proyecto comenzará ahora su recorrido parlamentario y promete generar un intenso debate político, ético, médico y social en torno a uno de los temas más complejos vinculados a los derechos individuales y la salud.