Tras una investigación de casi un año, la Justicia Federal y la Delegación de Drogas Ilícitas de Pergamino llevaron adelante 16 allanamientos simultáneos. Secuestraron cocaína, marihuana, dinero, vehículos y detuvieron a cinco personas acusadas de integrar una red dedicada a la comercialización de estupefacientes.
Luego de una extensa investigación encabezada por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Pergamino, la Justicia Federal logró desarticular una organización narcocriminal dedicada al tráfico y comercialización de drogas que operaba en Pergamino, Junín, Chacabuco, Moreno e incluso desde una unidad penitenciaria.
La causa se inició en agosto del año pasado a partir de diversas denuncias anónimas que alertaban sobre un hombre domiciliado en Cuartel V, partido de Moreno, quien presuntamente abastecía distintos puntos de venta de droga ubicados en el barrio Jorge Newbery y en las inmediaciones de la plaza Almirante Brown de Pergamino.
Ante estos indicios, el fiscal federal Matías Di Lello ordenó una serie de medidas investigativas para verificar la información. Las tareas de inteligencia permitieron identificar al sospechoso y detectar que realizaba frecuentes visitas a la ciudad junto a su pareja, una integrante de la Policía de la Ciudad, observándose un incremento de la actividad en los domicilios investigados tras cada uno de sus desplazamientos.
A medida que avanzaba la investigación, el Juzgado Federal N.º 2 de San Nicolás, a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo, autorizó el monitoreo de líneas telefónicas y dispositivos electrónicos utilizados por los involucrados.
Durante aproximadamente siete meses, los investigadores analizaron un volumen de información sin precedentes que incluyó más de 5.000 horas de escuchas telefónicas y la intervención simultánea de hasta diez líneas de comunicación.
El trabajo permitió reconstruir la estructura de la organización y establecer que los puntos de venta de Pergamino recibían abastecimiento desde otras localidades de la región, principalmente Junín y Chacabuco, mientras que el líder de la red continuaba dirigiendo las operaciones desde el interior del penal de Marcos Paz, donde cumple una condena por delitos vinculados al narcotráfico.
Los investigadores lograron identificar distintos domicilios utilizados por la organización en Pergamino y la localidad de Rancagua, donde se realizaban tareas de venta, almacenamiento de sustancias, distribución y manejo del dinero obtenido por la actividad ilícita.
Según la pesquisa, la banda mantenía una estructura jerárquica claramente organizada: el líder impartía directivas desde la cárcel, mientras que los proveedores y distribuidores coordinaban la logística para abastecer los puntos de comercialización minorista en la ciudad.
Con las pruebas reunidas, la Fiscalía Federal solicitó 16 órdenes de allanamiento, que incluyeron viviendas particulares, una celda en el penal de Marcos Paz y otra dependencia ubicada en la Comisaría Primera de Luján.
El operativo fue coordinado por la Delegación de Drogas Ilícitas de Pergamino y contó con la participación de más de 200 efectivos policiales, además del apoyo de unidades especializadas de distintas ciudades de la provincia, personal de canes, Grupo Halcón, GAD, Infantería y otras fuerzas de apoyo táctico.
Como resultado de los procedimientos, los investigadores secuestraron ladrillos de marihuana, cocaína compacta y fraccionada lista para la venta, dinero en efectivo en pesos y dólares, balanzas de precisión y dos vehículos utilizados presuntamente para el transporte y distribución de estupefacientes.
Entre los automóviles incautados se encuentran un Peugeot 308 y un Peugeot 208, considerados piezas clave dentro de la logística de la organización.
Tras los allanamientos, la Justicia Federal ordenó la detención e incomunicación de cinco personas, tres mujeres y dos hombres, acusadas de integrar la red dedicada a la comercialización de estupefacientes.
Los detenidos enfrentan cargos contemplados en la legislación nacional sobre drogas, con penas que pueden oscilar entre cinco y quince años de prisión, mientras que otros tres involucrados continúan vinculados al expediente judicial y sometidos al proceso penal correspondiente.
De acuerdo con fuentes de la investigación, el procedimiento permitió desarticular por completo la estructura operativa de la organización, considerada una de las más complejas investigadas en la región durante los últimos años.
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