Fumigaciones: La Provincia vuelve a postergar la receta agronómica electrónica

Mientras crece el debate sobre el uso de agroquímicos en zonas rurales y urbanas, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a postergar la puesta en marcha definitiva de la receta agronómica electrónica obligatoria, una herramienta considerada clave para fortalecer los controles sobre las aplicaciones de fitosanitarios.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 162/26 del Ministerio de Desarrollo Agrario y extiende por otros 120 días la suspensión de los efectos de la Resolución 246/18, normativa que establecía restricciones específicas para fumigaciones en las denominadas "zonas de amortiguamiento".

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Con esta decisión, ya son ocho las prórrogas consecutivas de una regulación que, pese a haber sido aprobada hace años, nunca logró aplicarse de manera plena en territorio bonaerense.

El argumento oficial: más trabajo técnico

Desde la Provincia sostienen que todavía continúan los trabajos para perfeccionar tanto el protocolo de aplicaciones en áreas sensibles como el funcionamiento del Sistema Integral de Receta Agronómica Obligatoria (SIGIRAO).

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Según explicaron desde la Dirección de Control y Sanidad Vegetal, el objetivo es garantizar que el sistema cuente con todas las herramientas técnicas necesarias antes de su implementación definitiva.

Sin embargo, la nueva postergación vuelve a generar interrogantes en torno a los controles sobre las aplicaciones de agroquímicos y la fiscalización de las actividades agrícolas en zonas cercanas a centros poblados.

Pergamino, en el centro de un juicio sin precedentes

La decisión provincial coincide con un momento particularmente sensible para el debate ambiental.

Esta semana, en el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, se desarrollaron nuevas audiencias del considerado como el primer gran juicio penal por fumigaciones y contaminación ambiental vinculado al uso de agroquímicos en Pergamino.

La causa analiza hechos ocurridos entre 2011 y 2019 y tiene entre los acusados a productores rurales, aplicadores, ingenieros agrónomos e incluso exfuncionarios municipales.

Durante los alegatos, el fiscal federal Federico Reynares Solari solicitó penas de hasta cuatro años de prisión para uno de los productores imputados y sostuvo que existe respaldo científico y testimonial suficiente para acreditar aplicaciones realizadas de manera presuntamente peligrosa para la salud humana.

La cautelar que cambió las reglas en Pergamino

Además, la Fiscalía pidió mantener vigente la medida cautelar dictada por la Justicia Federal de San Nicolás en 2019, que prohíbe las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros de las zonas urbanas y periurbanas y las aplicaciones aéreas a menos de 3.000 metros.

Esa resolución judicial marcó un antes y un después en Pergamino y se convirtió en uno de los antecedentes más relevantes del país en materia de restricciones al uso de fitosanitarios cerca de áreas habitadas.

Expectativa por el fallo

Mientras las querellas solicitaron condenas más severas, las defensas anticiparon que pedirán la absolución de todos los acusados.

El veredicto del Tribunal Oral Federal de Rosario se conocería durante las próximas semanas y es seguido con atención por productores, ambientalistas, organismos públicos y comunidades rurales de todo el país, ya que podría sentar un precedente histórico sobre el uso de agroquímicos en Argentina.

En paralelo, la Provincia continúa postergando una herramienta que muchos consideran fundamental para mejorar la trazabilidad, el control y la transparencia en las aplicaciones agrícolas.