Intendentes advierten que la medida afecta al desarrollo rural y debilita el vínculo con los productores
Intendentes de la provincia de Buenos Aires salieron a cuestionar con dureza el cierre de agencias del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, dispuesto en el marco del ajuste impulsado por el Gobierno nacional de Javier Milei. Consideran que la decisión implica un retroceso en el desarrollo productivo y un golpe directo al entramado rural.
El cierre de 14 agencias de extensión rural —11 de ellas en territorio bonaerense— afecta directamente a distritos clave. Entre ellos, localidades como Saladillo, Rojas y Necochea, donde el INTA cumple un rol central en la asistencia técnica, innovación y acompañamiento a productores.
Los jefes comunales, entre ellos José Luis Salomón y Ramón Capra, advirtieron que la medida no es un simple reordenamiento, sino la pérdida de una herramienta estratégica para el agro local.
Desde los municipios remarcaron que algunas agencias, como la de Saladillo, no representaban costo para el Estado nacional, ya que eran sostenidas con recursos locales. En ese sentido, calificaron la decisión como “injustificada” y pidieron abrir instancias de diálogo.
En paralelo, la diputada Silvina Vaccarezza denunció un “desmantelamiento del INTA”, alertando que el recorte pone en riesgo el soporte técnico y científico que sostiene a pequeños y medianos productores.
El conflicto expone una discusión de fondo: el rol del INTA como actor clave en la transferencia tecnológica, el desarrollo regional y la producción sustentable. Intendentes y dirigentes coinciden en que su debilitamiento podría generar un impacto negativo a largo plazo en el agro argentino.