Filtraciones, despidos y un juicio millonario: El escándalo que sacude a la Procuración del Tesoro

En medio del juicio más costoso que enfrenta la Argentina en su historia reciente, el Gobierno de Javier Milei echó a más de 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro, el organismo que representa al Estado en causas judiciales sensibles. La medida responde a sospechas de filtraciones de información estratégica en el caso por la expropiación de YPF, que se litiga en Nueva York.

La alarma se encendió cuando los abogados que representan a los fondos buitres, encabezados por Burford Capital, comenzaron a anticiparse a los movimientos del equipo legal argentino. La hipótesis más grave sugiere que datos confidenciales podrían haber sido vendidos o entregados, favoreciendo a los demandantes.

Por el momento, la Casa Rosada justifica los despidos como parte de una reestructuración interna para aumentar la eficiencia, aunque la desconfianza interna es evidente. La Procuración pasará de tener seis a cuatro direcciones nacionales y se cerrará la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.

Mientras tanto, el Gobierno celebra un pequeño respiro judicial: la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York suspendió temporalmente la orden de la jueza Loretta Preska, que exigía entregar el 51% de las acciones de YPF a Burford, en un litigio que ronda los 16.100 millones de dólares.

Además, el gobierno de Estados Unidos, a través de la administración de Donald Trump, se presentó como amicus curiae (amigo del tribunal) para opinar sobre el caso, lo que podría influir en el resultado final.

En paralelo, crecen las controversias en torno al jefe de la Procuración, Santiago Castro Videla, señalado por su cercanía con estudios jurídicos vinculados a la parte demandante. A pesar de las críticas, mantiene su cargo bajo el respaldo político de Santiago Caputo, uno de los hombres más cercanos al presidente.

La historia detrás del juicio a YPF revela no solo un enorme riesgo económico para el país, sino también una compleja red de intereses cruzados, decisiones judiciales polémicas y una crisis de confianza en quienes deben defender al Estado argentino.