La Cámara Argentina de Comercio pidió frenar las medidas cautelares contra empresas en crisis y advirtió sobre el impacto que tienen los embargos en plena caída del consumo y falta de crédito.
La preocupación crece entre las empresas argentinas. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios reclamó formalmente a Agencia de Recaudación y Control Aduanero que suspenda los embargos sobre compañías y PyMEs que atraviesan dificultades económicas, al considerar que estas medidas pueden profundizar la crisis y empujar a muchas firmas “a un punto irreversible”.
El planteo fue realizado mediante una carta enviada al titular de ARCA, Andrés Vásquez, con copia al ministro de Economía, Luis Caputo.
En la nota, firmada por el presidente de la CAC, Mario Grinman, y el secretario Ángel Machado, la entidad cuestionó especialmente los embargos sobre sumas que las empresas deben cobrar de sus clientes.
Según explicaron, ARCA notifica a esos clientes para que retengan los pagos y los depositen directamente al organismo hasta cubrir la deuda fiscal reclamada.
Para la Cámara, esta modalidad termina bloqueando el funcionamiento normal de las empresas y afecta especialmente a las pequeñas y medianas firmas.
“Cortar el flujo comercial puede agravar su situación hasta un punto irreversible”, advirtieron desde la entidad empresaria.
La CAC sostuvo que el sector privado enfrenta un escenario complejo marcado por:
En ese contexto, remarcaron que muchas PyMEs atraviesan una situación delicada producto de desequilibrios económicos acumulados durante años, aunque reconocieron el proceso de ordenamiento impulsado por el Gobierno nacional.
La entidad solicitó que ARCA instruya a sus áreas legales para evitar nuevas medidas cautelares mientras persista la crisis económica.
Además, reclamó una flexibilización en los planes de pago y facilidades para regularizar deudas fiscales sin afectar la continuidad operativa de las compañías.
Desde la CAC consideraron que acompañar a las empresas durante esta etapa permitiría preservar puestos de trabajo, sostener la actividad económica y, a largo plazo, facilitar incluso el recupero de los fondos por parte del Estado.
El planteo refleja una preocupación creciente dentro del sector privado, donde muchas empresas aseguran que el peso impositivo y las restricciones financieras se volvieron cada vez más difíciles de sostener.