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La iniciativa impulsada por el Gobierno fue aprobada por 44 votos contra 23 y elimina los límites de ingresos y patrimonio para acceder al Régimen Simplificado de Ganancias. La ley también establece restricciones para funcionarios y exfuncionarios y modifica los criterios con los que ARCA podrá cuestionar las declaraciones de los contribuyentes.
El Senado convirtió en ley Inocencia Fiscal II
El Senado convirtió en ley el proyecto conocido como Inocencia Fiscal II, una de las iniciativas económicas prioritarias del Gobierno nacional. La propuesta apunta a facilitar el ingreso al circuito financiero formal de dólares y ahorros que permanecen fuera del sistema, mediante cambios en las reglas tributarias y una reducción de las herramientas de control sobre determinados contribuyentes.
La iniciativa obtuvo 44 votos a favor y 23 en contra, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y distintos bloques provinciales.
La sanción representa además un avance legislativo para el oficialismo, que logró reunir los votos necesarios en el Senado, aunque durante la negociación debió aceptar el tratamiento de otras iniciativas reclamadas por sus aliados, entre ellas el proyecto vinculado con los biocombustibles.
Uno de los cambios centrales de la nueva ley es la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio que hasta ahora condicionaban el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.
La normativa vigente establecía límites de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio, según las condiciones contempladas para acceder al esquema.
Con la modificación, desaparecen esos límites para ingresar al régimen, una medida que el Gobierno busca utilizar como incentivo para que contribuyentes con mayor capacidad económica puedan exteriorizar y canalizar fondos que actualmente permanecen fuera del circuito formal.
La lógica detrás de la reforma es modificar el vínculo entre el fisco y los contribuyentes: en lugar de un esquema basado en controles patrimoniales amplios, se busca avanzar hacia un sistema simplificado con menos controles sobre la evolución patrimonial, pero con determinados mecanismos de fiscalización.
La ley establece una restricción específica para quienes ocupan o hayan ocupado cargos públicos.
Los funcionarios públicos y quienes hayan desempeñado funciones durante los cinco años anteriores no podrán acceder a los beneficios del régimen simplificado.
La restricción alcanza, entre otros, a legisladores, jueces, ministros y al Presidente de la Nación.
Durante el debate, el oficialismo defendió esta exclusión como un mecanismo para evitar que quienes ejercen responsabilidades públicas puedan utilizar las ventajas del nuevo esquema para justificar o regularizar situaciones patrimoniales.
Desde el peronismo, en cambio, se planteó que la limitación debería alcanzar también a las personas políticamente expuestas, una categoría más amplia que la de funcionarios públicos.
Otro cambio relevante está relacionado con las facultades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La ley redefine el concepto de “discrepancia significativa”, es decir, la diferencia que puede llevar al organismo a cuestionar una declaración realizada bajo el régimen simplificado.
Será considerada significativa aquella diferencia que implique:
de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.
A esto se suma un umbral económico: la diferencia deberá superar los $5 millones para que ARCA avance con la investigación bajo este mecanismo.
El objetivo de estos cambios es establecer un filtro para las fiscalizaciones, concentrando la intervención del organismo en diferencias consideradas relevantes tanto porcentualmente como en términos económicos.
El trasfondo económico de la reforma es uno de los aspectos centrales de la discusión.
El Gobierno busca generar condiciones para que ahorros y dólares que permanecen fuera del sistema financiero formal vuelvan a circular dentro de la economía registrada.
Durante el debate, la titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, sostuvo que la falta de confianza en el Estado llevó históricamente a muchos argentinos a retirar sus ahorros del circuito formal.
Desde la oposición, la interpretación fue completamente diferente. El senador José Mayans cuestionó duramente la iniciativa y sostuvo que se trata de una reforma que favorece a evasores y otros sectores que deberían estar bajo mayor control estatal.
De esta manera, el debate parlamentario volvió a exponer una diferencia de fondo: para el oficialismo, la simplificación tributaria busca recuperar confianza y estimular la formalización de capitales; para sus críticos, puede reducir controles necesarios sobre grandes patrimonios y operaciones.
Además de los cambios en Ganancias y en los criterios de fiscalización de ARCA, la normativa contempla modificaciones vinculadas con la bancarización de operaciones y establece un período transitorio para determinadas operaciones inmobiliarias hasta 2027.
También se prevé una reducción de multas para contribuyentes que adhieran al régimen simplificado.
La expectativa oficial está puesta en que un esquema con menos restricciones y menor exposición a fiscalizaciones permita movilizar capitales que hoy permanecen fuera de la economía formal.
La discusión, sin embargo, no termina con la sanción. El verdadero impacto de Inocencia Fiscal II dependerá de cómo se implemente el nuevo régimen, qué cantidad de contribuyentes adhiera y cuánto dinero logre efectivamente incorporarse al circuito financiero formal.
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