Diputados aprobó la nueva Ley de Discapacidad con 237 votos

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de una nueva Ley de Discapacidad, con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. El acuerdo entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria y otros espacios permitió reunir una mayoría amplia y enviar la iniciativa al Senado para su tratamiento.

El objetivo central es reemplazar el esquema de emergencia por una normativa permanente, que mantenga buena parte de los beneficios previstos en la Ley de Emergencia en Discapacidad y establezca reglas de financiamiento, actualización de prestaciones y control del sistema.

La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, fue modificada durante las negociaciones parlamentarias para incorporar reclamos de organizaciones y representantes del sector.

Qué cambia con el proyecto de Ley de Discapacidad

Uno de los puntos centrales es la continuidad de la compatibilidad entre las pensiones por discapacidad y el trabajo formal o el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. La pensión contemplada equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo.

El texto también establece medidas para sostener las prestaciones y la cobertura de salud:

• Actualización de aranceles: se mantiene el nomenclador único y se prevé la actualización periódica de los valores de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al IPC.

• Cobertura médica: se garantiza la cobertura básica del Plan Federal Incluir Salud para los beneficiarios contemplados en la norma.

• Financiamiento: la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.

• Compensaciones a prestadores: se incorpora la obligación de establecer un cronograma para cancelar pagos atrasados, con un plazo máximo de 30 días para la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.

• Auditorías periódicas: se prevé el cruce de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo el principio del debido proceso.

Entre las modificaciones incorporadas durante las negociaciones, también se destacó un plazo de 160 días para presentar un descargo en los casos en que una auditoría detecte inconsistencias en los requisitos de una pensión, antes de que se suspenda el beneficio.

Además, se incorporaron cambios vinculados con la cobertura de Incluir Salud para titulares de pensiones por invalidez laboral y con la compatibilidad entre pensiones y asignaciones familiares.

Por qué Unión por la Patria acompañó el acuerdo

El respaldo de Unión por la Patria fue determinante para consolidar la mayoría. El diputado Juan Marino explicó que su bloque decidió negociar modificaciones después de evaluar que no contaba con los votos suficientes para extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

Según planteó, las conversaciones con organizaciones de personas con discapacidad apuntaron a conseguir mejoras en el texto que pudiera aprobarse y evitar retrocesos en los derechos reconocidos.

Sin embargo, el acompañamiento estuvo acompañado de advertencias sobre la situación del sector. Marino señaló que 324.303 personas esperan una respuesta a sus solicitudes de pensión y cuestionó los recursos previstos para Incluir Salud, además de alertar sobre las dificultades económicas de los prestadores.

También sostuvo que la aprobación de una nueva norma no resolverá por sí sola la emergencia si el Gobierno no garantiza su cumplimiento.

Por su parte, la diputada Victoria Tolosa Paz destacó la incorporación de la cobertura médica para titulares de pensiones por invalidez laboral y la compatibilidad con las asignaciones familiares. No obstante, remarcó que el desafío será asegurar el presupuesto necesario para hacer efectivos esos derechos.

Las críticas y las dudas sobre el financiamiento

El acuerdo no consiguió el respaldo de todos los sectores de la oposición. La diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá rechazó el dictamen y cuestionó la confianza en que el Gobierno cumpla las disposiciones aprobadas.

En la misma línea, Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, reclamó que el proyecto regresara a comisión y que las organizaciones del sector tuvieran una mayor participación. Entre sus objeciones, señaló que no existe una garantía de modificación del presupuesto que permita sostener las prestaciones.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro valoró los cambios incorporados y acompañó el dictamen, aunque expresó fuertes reparos sobre la actuación del Gobierno frente a las demandas de las personas con discapacidad.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, sostuvo que el proyecto recoge una parte sustancial de la Ley de Emergencia y destacó el trabajo realizado para alcanzar un consenso parlamentario.

El Senado tendrá la próxima decisión

Tras la votación en Diputados, el proyecto quedó en manos del Senado, donde deberá conseguir la aprobación definitiva para convertirse en ley.

El amplio respaldo obtenido representa un avance legislativo, pero la discusión sobre la discapacidad seguirá centrada en el financiamiento, la continuidad de las prestaciones y el cumplimiento efectivo de los derechos.

Para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores, la diferencia no estará solamente en la sanción de una norma permanente, sino en que las medidas previstas se traduzcan en cobertura, pagos y servicios concretos.