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La causa no investiga su gestión al frente de la AFA, sino su actuación en la empresa estatal encargada de los residuos del Área Metropolitana. La denuncia señala un fuerte aumento de su liquidez entre 2017 y 2024 y quedó en manos del juez federal Ariel Lijo.
Claudio Chiqui Tapia
Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, quedó imputado en una causa judicial que investiga un posible enriquecimiento ilícito, aunque el expediente no está relacionado con su conducción del fútbol argentino.
La investigación se concentra en su paso por la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), organismo interjurisdiccional encargado de la gestión de los residuos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El expediente quedó bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, luego de que la Cámara Federal de Comodoro Py resolviera una disputa de competencia entre la Justicia porteña y los tribunales federales.
El eje de la investigación está puesto en la evolución del patrimonio de Tapia durante los años en los que ocupó cargos dentro de CEAMSE.
La denuncia sostiene que el dirigente habría registrado un incremento de su liquidez cercano al 1.000% entre 2017 y 2024 y plantea que ese crecimiento no tendría una correlación evidente con los ingresos declarados durante ese período.
Los datos incorporados a la presentación judicial toman como referencia sus declaraciones juradas patrimoniales.
Según la denuncia, en 2017 Tapia había declarado cuatro propiedades, un vehículo y aproximadamente $1,5 millones en activos líquidos.
En la declaración correspondiente a 2024, en cambio, aparecen depósitos bancarios por más de $1.000 millones, además de efectivo y fondos en moneda extranjera.
La Justicia deberá determinar ahora si esa evolución patrimonial puede ser explicada por ingresos y operaciones legítimas o si existen elementos que justifiquen avanzar en la investigación penal.
El dato es central para entender el expediente: la investigación no se originó por el cargo de Tapia en la AFA.
La figura del enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos está vinculada con el ejercicio de determinadas funciones estatales. Por eso, el expediente analiza específicamente el período en el que Tapia integró el directorio de CEAMSE.
El dirigente ocupó la vicepresidencia del organismo entre 2015 y 2024 y posteriormente asumió la presidencia, en diciembre de 2024, tras ser impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Su llegada a CEAMSE tuvo además antecedentes políticos diferentes: durante su etapa como vicepresidente contó con el respaldo del entonces jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.
CEAMSE es una sociedad estatal integrada por la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Su función principal es gestionar los residuos generados en el Área Metropolitana.
Precisamente, su carácter interjurisdiccional fue uno de los motivos que derivaron en la discusión sobre qué fuero debía investigar la denuncia.
El expediente había comenzado en la Justicia porteña después de una denuncia presentada en abril. Ese fuero se declaró incompetente y el caso pasó al ámbito federal.
La disputa entre jurisdicciones terminó siendo resuelta por la Cámara Federal de Comodoro Py, que determinó que la investigación debía continuar bajo la órbita del juez Ariel Lijo.
La presentación fue realizada por el empresario Guillermo Tofoni, titular de World Eleven, quien mantiene desde hace tiempo un conflicto judicial con Tapia.
Tofoni tuvo a su cargo la organización y comercialización de partidos amistosos de la Selección argentina, pero su vínculo comercial con la AFA terminó durante la gestión del actual presidente de la entidad.
El enfrentamiento entre ambos dirigentes ya había llegado anteriormente a los tribunales por cuestiones vinculadas al fútbol, aunque esta nueva investigación se concentra en la actividad de Tapia dentro de CEAMSE.
Desde el entorno del presidente de la AFA rechazaron las acusaciones y calificaron como falsos los planteos formulados en la denuncia.
Además, anticiparon la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra Tofoni, al considerar que la presentación podría afectar el honor del dirigente.
La causa se encuentra todavía en una etapa inicial. La imputación no implica una condena ni determina que Tapia haya cometido un delito.
Ahora, la Justicia deberá analizar la documentación patrimonial y financiera incorporada al expediente y establecer si el incremento de bienes y fondos declarado durante esos años tiene una explicación legal o si existen elementos suficientes para avanzar con la investigación por enriquecimiento ilícito.
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