El TOF 2 dispuso un nuevo embargo preventivo sobre el inmueble de San José 1111 y otros bienes vinculados a los condenados. La medida busca preservar el patrimonio ante una eventual segunda etapa de decomisos por unos $685.000 millones.
La Justicia avanzó con la ejecución patrimonial de la condena en la causa Vialidad y ordenó embargar el departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.
La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) y forma parte de un nuevo paquete de embargos preventivos sobre propiedades y activos vinculados a los condenados. El objetivo es preservar esos bienes ante un eventual decomiso destinado a cubrir el perjuicio económico fijado en la causa.
La decisión tiene carácter cautelar y preventivo. Por lo tanto, el embargo no significa que el departamento vaya a ser subastado de manera inmediata ni que Cristina Kirchner deba abandonar el inmueble donde cumple su condena.
El departamento pertenece a Los Sauces, sociedad inmobiliaria vinculada a la familia Kirchner. El inmueble quedó incluido entre los activos que la Justicia busca mantener bajo resguardo mientras continúa el proceso de ejecución patrimonial.
En términos prácticos, la medida busca impedir que los bienes alcanzados sean transferidos, gravados o sustraídos del alcance de la Justicia antes de que se determine cuáles serán finalmente decomisados.
El TOF 2 avanza sobre una segunda etapa de decomisos, mientras la Corte Suprema analiza la primera tanda de bienes alcanzados por la ejecución patrimonial.
Esta nueva etapa contempla 144 bienes, entre propiedades, vehículos y participaciones accionarias. Dentro de ese universo también aparecen fondos vinculados a Florencia Kirchner, incluidos más de cinco millones de dólares que se encontraban en una caja de seguridad y cuyo origen lícito, según la acusación, no habría sido acreditado.
El monto que los condenados deberían afrontar asciende a unos $685.000 millones, de acuerdo con la determinación judicial mencionada en el expediente.
Además del departamento de San José 1111, las nuevas medidas comprenden inmuebles vinculados a la familia Kirchner y al resto de los condenados, entre ellos propiedades ubicadas en Puerto Madero y distintos terrenos y viviendas en la provincia de Santa Cruz.
También aparecen inmuebles relacionados con Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., sociedades que fueron objeto de investigaciones judiciales y cuyos activos permanecen bajo medidas cautelares.
Los jueces fundamentaron la decisión en la necesidad de conservar la “aptitud real” de ejecución sobre los bienes que eventualmente podrían ser decomisados.
Según el criterio del tribunal, el proceso patrimonial apunta a evitar que los activos vinculados con el perjuicio establecido en la causa queden fuera del alcance de una eventual ejecución.
La resolución sostiene que, durante el período investigado, existió una conexión económica y comercial entre empresas de Lázaro Báez y sociedades vinculadas a la familia Kirchner. En ese marco, el TOF 2 considera que determinados bienes incorporados durante el período analizado podrían quedar alcanzados por el decomiso.
Así, el embargo del domicilio donde actualmente se encuentra Cristina Kirchner representa una nueva instancia de la ejecución patrimonial de la condena por la causa Vialidad, pero no implica por sí mismo el decomiso definitivo del inmueble.
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