Caso Fernando Báez Sosa: La Corte Suprema rechazó otro reclamo de siete rugbiers condenados

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un nuevo recurso presentado por siete de los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años que murió tras una agresión en Villa Gesell en enero de 2020.

La presentación estaba relacionada con una denuncia penal que los propios condenados habían impulsado contra la fiscal que investigó el crimen y otros funcionarios judiciales, a quienes atribuían supuestas irregularidades durante las primeras actuaciones del expediente.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que el recurso carecía de fundamentación autónoma suficiente y no lograba refutar adecuadamente los argumentos de las decisiones anteriores.

El fallo representa un nuevo revés para los condenados, aunque corresponde aclarar que no revisa ni modifica las sentencias por el homicidio de Báez Sosa. El planteo se refería a una causa penal paralela.

Qué irregularidades denunciaron los rugbiers

El reclamo había sido impulsado por el abogado Hugo Tomei, cuando representaba a Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi.

La defensa cuestionó las primeras declaraciones indagatorias realizadas pocas horas después del crimen. Sostuvo que los detenidos no habrían recibido información adecuada sobre los hechos que se les atribuían ni sobre las pruebas reunidas en su contra.

También objetó la confección y firma de las actas judiciales. Uno de los argumentos apuntaba a las diferencias de pocos minutos entre los horarios registrados en algunas declaraciones, que, según la defensa, no habrían permitido cumplir con todas las formalidades procesales.

A partir de esos cuestionamientos, Tomei promovió una denuncia penal independiente por presunta falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad.

Entre los denunciados estaban la fiscal Verónica Zamboni, la defensora oficial Verónica Olindi Huespi, funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías David Mancinelli.

Estas acusaciones formaron parte de la presentación de la defensa y no deben confundirse con hechos que hayan sido acreditados judicialmente.

Cómo avanzó la denuncia contra los funcionarios judiciales

El expediente atravesó distintas instancias de la Justicia bonaerense. En febrero de 2022, la Cámara de Apelaciones de Dolores permitió que los siete condenados fueran reconocidos como particulares damnificados en esa causa, lo que les otorgó participación formal como denunciantes.

Sin embargo, la investigación fue desestimada por ausencia de dolo y también se rechazaron distintas medidas de prueba solicitadas por la defensa.

Tomei intentó que esa decisión fuera revisada y cuestionó posteriormente las resoluciones del juez Mancinelli. También pidió su apartamiento y planteó la inconstitucionalidad del procedimiento utilizado para revisar el archivo de la denuncia, pero esos planteos no prosperaron.

El Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó la decisión. Más tarde, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó un recurso de queja en agosto de 2025 y denegó, en abril de 2026, el recurso extraordinario que buscaba llevar la discusión al máximo tribunal nacional.

Finalmente, la Corte Suprema de la Nación desestimó la presentación por sus deficiencias de fundamentación.

Qué significa la decisión en el caso Báez Sosa

El nuevo pronunciamiento cierra otra instancia del recorrido judicial iniciado por los cuestionamientos a las primeras actuaciones de la investigación.

La resolución se limita a esa controversia procesal y no implica una nueva evaluación de la responsabilidad penal de los condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

El caso, que conmocionó al país, continúa teniendo repercusiones judiciales incluso después de las sentencias por el homicidio. En esta oportunidad, el máximo tribunal rechazó el intento de avanzar con una denuncia contra los funcionarios que intervinieron en la etapa inicial de la causa.