Buscan revertir la quita de pasajes gratuitos para personas con discapacidad

La eliminación del sistema de compensaciones económicas para el transporte gratuito de personas con discapacidad generó una fuerte reacción política y social. Este martes, el diputado nacional Diego Giuliano presentó un proyecto para dejar sin efecto la medida impulsada por la Secretaría de Transporte de la Nación.

La resolución cuestionada afecta directamente a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y pacientes oncopediátricos que utilizaban el sistema de pasajes gratuitos en micros de larga distancia para acceder a tratamientos médicos, rehabilitación, educación y trabajo.

“Estamos frente a una decisión profundamente injusta que afecta derechos fundamentales de sectores especialmente protegidos”, expresó Giuliano al fundamentar la iniciativa presentada en el Congreso.

Advierten un fuerte impacto social y sanitario

El legislador de Unión por la Patria reclamó además que el Poder Ejecutivo restablezca de manera urgente los mecanismos necesarios para garantizar el acceso “real, efectivo y sin restricciones” al derecho al transporte gratuito contemplado en las leyes vigentes.

Según planteó el proyecto, la decisión del Gobierno representa un retroceso en materia de derechos sociales y podría vulnerar principios constitucionales vinculados a la protección de las personas con discapacidad y el derecho a la salud.

En ese sentido, Giuliano remarcó que el beneficio no debe interpretarse como un privilegio, sino como una herramienta clave de inclusión y accesibilidad para miles de personas en todo el país.

Preocupación en el interior del país

Uno de los puntos más sensibles del reclamo está relacionado con el impacto federal de la medida. Desde distintos sectores advierten que muchas personas del interior dependen del transporte de larga distancia para acceder a centros médicos especializados y tratamientos de alta complejidad.

“Miles de personas del interior del país dependen del transporte para acceder a prestaciones médicas. Esta resolución profundiza desigualdades territoriales y pone en riesgo el acceso efectivo a la salud”, sostuvo el diputado.

El debate ya comenzó a generar repercusiones entre organizaciones vinculadas a la discapacidad y sectores sanitarios, que reclaman una revisión urgente de la medida oficial.