Bullrich implementa nuevo protocolo «antibloqueos» para frenar protestas sindicales ¿Cómo es?

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha reglamentado un nuevo protocolo "antibloqueo" mediante la resolución 901/2024, publicada en el Boletín Oficial. Esta medida busca endurecer la respuesta estatal ante protestas sindicales que impidan el acceso a empresas.

El protocolo, que complementa la reforma laboral que penaliza los bloqueos como "injuria laboral grave", establece los siguientes puntos clave:

1. Definición amplia de "bloqueo": Se considera cualquier maniobra, dispositivo o obstáculo que impida o dificulte el ingreso o egreso de personas, vehículos o mercaderías en establecimientos productivos o de servicios.
2. Canales de denuncia accesibles: Se habilitan múltiples vías para reportar bloqueos, incluyendo una línea telefónica (134), WhatsApp ((11) 38524561) y correo electrónico (bloqueos@minseg.gob.ar).
3. Intervención rápida de fuerzas federales: El Ministerio de Seguridad evaluará las denuncias y, de ser necesario, desplegará inmediatamente fuerzas policiales y de seguridad para cesar el bloqueo.
4. Coordinación interinstitucional: Se informará a la Secretaría de Trabajo y a las entidades afectadas para que procedan según la ley laboral modificada, facilitando posibles despidos con causa.
5. Recopilación de evidencias: Las fuerzas de seguridad identificarán a responsables y participantes, remitiendo la información a las autoridades judiciales para posibles acciones legales.

Este protocolo se alinea con el anuncio previo de Bullrich sobre la creación de un Comando Unificado Anti Bloqueos y piquetes para zonas estratégicas como Vaca Muerta y el puerto de Rosario. La medida busca equilibrar el derecho a huelga con el derecho al trabajo y la propiedad, argumentando un "interés federal" en asegurar la libertad de comercio e industria contra lo que el gobierno considera "turbaciones ilegítimas".

La implementación de este protocolo marca un cambio significativo en la política de seguridad frente a protestas laborales, generando debates sobre el alcance del derecho a la protesta y las facultades del Estado para intervenir en conflictos sindicales.