La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado tomó distancia de las declaraciones del Presidente contra periodistas que investigaron el caso $LIBRA. Defendió la libertad de expresión y sostuvo que las críticas deben responderse con argumentos, no con expresiones que excedan los límites del debate democrático.
La senadora nacional Patricia Bullrich marcó diferencias con Javier Milei después de los duros ataques del Presidente contra periodistas que investigaron el caso de la criptomoneda $LIBRA. La legisladora consideró que el mandatario «cruzó un límite» al hablar de quemar a los comunicadores en la hoguera y reclamó mayor cuidado en el uso de las palabras.
La declaración, realizada durante una entrevista con LN+ el domingo, expuso una diferencia pública dentro de La Libertad Avanza en torno al vínculo del Gobierno con los medios de comunicación.
«Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan», afirmó Bullrich, quien recordó que el poder político está sometido al escrutinio del periodismo y que las críticas forman parte de la discusión pública.
La senadora reconoció que Milei tiene derecho a responder a las publicaciones que considera falsas o injustas, pero advirtió que la defensa de sus posiciones debe mantenerse dentro de los límites del debate democrático.
Bullrich sostuvo que la libertad de expresión ampara tanto a los periodistas que cuestionan al Gobierno como al Presidente cuando responde a esas críticas. Sin embargo, diferenció el derecho a defenderse de la utilización de expresiones que consideró excesivas.
«Creo que hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar un límite, como con esta frase tan fuerte de quemarlos en la hoguera», señaló.
La legisladora también remarcó que considera una responsabilidad propia señalar públicamente cuando una expresión de ese tipo excede lo razonable, incluso si proviene de un dirigente de su mismo espacio político.
Su postura introduce un matiz en medio de la confrontación que Milei mantiene con periodistas y medios de comunicación. El planteo de Bullrich no implicó desconocer el derecho del mandatario a cuestionar informaciones periodísticas, sino reclamar que esas respuestas se realicen mediante argumentos.
La controversia se produjo después del discurso que Milei pronunció durante la cena de la Fundación Faro, realizada el viernes 23 de octubre.
En ese encuentro, el Presidente cuestionó a periodistas que publicaron investigaciones sobre la criptomoneda $LIBRA, que había promocionado desde sus redes sociales en febrero de 2025. El episodio generó polémica por las pérdidas denunciadas por inversores y dio lugar a una investigación judicial.
Milei reaccionó luego de que se conociera una resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que sobreseyó al Presidente, a su hermana Karina Milei y a otros involucrados en esa causa. El mandatario presentó las investigaciones periodísticas como parte de una operación política en su contra.
Durante su discurso, utilizó insultos contra varios comunicadores y afirmó que quienes consideraba responsables de difundir información falsa «se tienen que quemar en la hoguera».
Las declaraciones provocaron cuestionamientos de organizaciones periodísticas, entre ellas la Academia Nacional de Periodismo y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), además de críticas de dirigentes políticos.
El pronunciamiento de Bullrich adquiere relevancia por su posición como presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado y por su trayectoria dentro del Gobierno nacional.
Su intervención dejó en evidencia que, aun dentro del oficialismo, existen diferencias respecto de cómo responder a las investigaciones periodísticas y a las críticas de los medios.
La senadora planteó que defender la libertad no significa únicamente reclamar el derecho a expresar las propias ideas, sino también aceptar que el poder sea cuestionado.
En ese sentido, su mensaje fue claro: las críticas al Gobierno pueden discutirse, pero deben responderse con argumentos. La discusión vuelve a poner en el centro de la agenda política la relación entre el Poder Ejecutivo, la prensa y las garantías de la libertad de expresión.
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